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De conformidad con la expedición de la Ley 2101 de 2021, “que tiene por objeto reducir la jornada semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores”, se determinó la disminución de la jornada laboral que inicia vigencia a partir del 15 de julio de 2023.
El Gobierno Nacional, en búsqueda de ayudar a la industria automotriz colombiana, creó el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Ambiental y de la Seguridad Vial - IAMAS mediante el Decreto 1880 de 2021, siendo este un instrumento que permite que las empresas que hacen parte del Programa de Fomento para la Industria Automotriz - PROFIA o al Régimen de Transformación y/o Ensamble, poder importar vehículos con una tarifa del (0%) de arancel, siempre y cuando las importaciones pretendidas no superen el (10%) de las unidades producidas por el solicitante, ni el (15%) del valor FOB de su producción durante el año anterior, ni el monto máximo del diferimiento arancelario proporcional correspondiente a lo dispuesto por el CONFIS.
El artículo 354 de la Constitución Política atribuye a la Contraloría General de la República la competencia de llevar la contabilidad referente a la ejecución del Presupuesto General de la Nación. La Ley 42 de 1993 regula el control fiscal a cargo de la Contraloría General y las contralorías departamentales y municipales que buscan separar, funcionalmente las labores de los organismos de control en el marco de la clásica división de poderes.
El 27 de diciembre de 2013, la alcaldía del municipio de Medellín, emitió el acuerdo N°095, por el cual se conceden beneficios tributarios en el impuesto de industria y comercio; dicho beneficio menciona los contribuyentes exentos del impuesto en mención, entre los cuales se encuentran las siguientes entidades...
Modifíquese el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara así: Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, se encuentra en la obligación de implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.
ARTÍCULO 34-7. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL. Las personas Jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control se encuentran en la obligación de adoptar programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría.